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CUESTIONES DE ÍNDOLE TRIBUTARIA Y MERCANTIL, CONTENIDAS EN EL RDLEY 8/2020, DE 17 DE MARZO (COVID19)


Con el presente informe de urgencia, queremos realizar un primer acercamiento a las normas contenidas en el citado Real decreto Ley, principalmente en lo que afecta al ámbito tributario y mercantil.


En ámbito fiscal ya os avanzamos a principios de esta semana las primeras medidas aprobadas por el Gobierno. A continuación, hacemos un breve resumen de las mismas y, tal y como señalamos en el anterior Post, actualizamos la información con las últimas novedades.



SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO (Art. 33)


  • Los plazos de pago de las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, y aquellas que ya se encuentran en vía de apremio, los vencimientos de los plazos y fraccionamientos derivados de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información, para formular alegaciones frente actos dictados en procedimientos de aplicación de tributos, sancionadores, devolución de ingresos indebidos, etc., que no hayan concluido el 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

  • Dicha suspensión no ampara los plazos de presentación y pago de las deudas tributarias, resultante de autoliquidaciones (IVA, retenciones, pagos fraccionados, ingresos a cuenta, etc.) que se deberán presentar en los establecidos en su normativa. Como ya hemos informado en anteriores Circulares, sólo se contempla la posibilidad de solicitar un aplazamiento en el ingreso de la deuda (con determinadas condiciones), pero no una extensión del plazo de presentación de dichas declaraciones. Los contribuyentes que no puedan acogerse al procedimiento especial de solicitud de aplazamientos (por ser su volumen de operaciones en el ejercicio anterior, superior a 6.010.121,04 €, y deudas inferiores a 30.000 €), podrán solicitar aplazamiento o fraccionamiento, por el procedimiento ordinario, es decir, básicamente será imprescindible la aportación de garantía (principalmente aval bancario) y se devengarán intereses de demora por todo el período de aplazamiento o fraccionamiento.

  • Los mismos procedimientos citados en el primer párrafo de este informe (pago de deudas tributarias liquidadas por la Administración, de cuotas aplazadas o fraccionadas, atención a requerimientos, etc.) notificados a partir del 18 de marzo de 2020, amplían sus plazos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la normativa general sea mayor, en cuyo caso prevalecerá éste.

  • Si el obligado tributario, no obstante las posibilidades recogidas en los párrafos anteriores, atendiera al requerimiento o formulase alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

  • Respecto al cómputo de los plazos de prescripción en los supuestos de la interposición previas del recurso de reposición y reclamaciones económico administrativas, las resoluciones que pongan fin a los mismos se entenderán notificadas cuando se acredite un intento de notificación de la misma, entre el 18 de marzo de 2020, y el 30 de abril del mismo año.

  • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico administrativas frente a actos tributarios, no se iniciará hasta el 30 de abril de 2020, o hasta que se haya producido la notificación con posterioridad a esta última fecha.

  • Todo lo anterior es básicamente aplicable a los actos dictados por la Dirección General del Catastro

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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A ENTIDADES MERCANTILES. (Art. 40)


  • Aunque no esté contemplado en los Estatutos, durante el período de alarma, las reuniones de los órganos de gobierno y administración de la asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, entre otras, podrán celebrarse por videoconferencia, siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes.

  • Igualmente, se podrán celebrar dichas reuniones, aunque no lo contemplen los Estatutos, adoptando los acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente, debiendo adoptarse así cuando lo solicite al menos, dos de los miembros del órgano.

  • El plazo de tres meses para la formulación de las cuentas anuales, y, en su caso, el informe de gestión, y demás documentos obligatorios por la legislación societaria, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

  • En el supuesto de que, con anterioridad a 14 de marzo de 2020, el órgano de gobierno o administración de la sociedad, ya hubiera formulado las cuentas anuales, el plazo para auditar las mismas, en el supuesto de que fuese obligatoria dicha verificación, se entenderá prorrogado por dos meses, desde que finalice el estado de alarma.

  • La Junta general ordinaria para la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente, dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Por ejemplo, si el estado de alarma finalizase el 30 de marzo de 2020, tendríamos hasta el 30 de junio de 2020 de plazo para formular las cuentas anuales, y la Junta de aprobación de cuentas, se podría retrasar hasta el 30 de septiembre de 2020. Ante estas circunstancias, lo lógico sería que se acordase un retraso en la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, del ejercicio 2019, pero, sin embargo, por ahora nada se ha regulado al respecto.

  • Aunque concurra causa legal o estatutaria para ello, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación de socios, hasta que finalice el estado de alarma o sus prórrogas.

  • Si antes de la declaración del estado de alarma, y durante la vigencia de éste, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria del órgano llamado a adoptar dicho acuerdo o a enervar la causa, se suspenderá hasta que finalice dicho estado de alarma.

  • Si dicha causa de disolución, hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período.


Esperamos que este breve informe de urgencia, les sea de utilidad.


Para cualquier duda o consulta que puedan tener en relación a este tema pueden contactar con nosotros llamando al 954.23.30.75 o escribiendo a administracion1@bufetecastromunoz.es.



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