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OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

Con fecha 8 de Marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo en el que en su artículo 10 se establece:


“….La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.


Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»


Este artículo tiene prevista su entrada en vigor el próximo 12 de Mayo de 2019, según fija la Disposición final sexta de la norma, cuyo objetivo es garantizar que no se superen los límites establecidos y los tiempos de descanso.


La Audiencia Nacional había señalado, que «el registro de la jornada se puede instrumentar de múltiples maneras»; ya que «constituye una herramienta de modernización de las relaciones laborales»; y que para conocer la existencia de horas extraordinarias o no será necesario la existencia de un control.


Sin embargo, nada se especifica sobre la fórmula del mismo, por lo tanto, el tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa siempre que “resulte fiable y se gestione de modo objetivo”. Es por ello que, salvo que el Gobierno vuelva a modificar esta norma para establecer las especialidades en las obligaciones de registro de la jornada, podrá realizarse mediante sistemas manuales, analógicos o digitales.


El incumplimiento de la obligación de registro quedará tipificado como una infracción grave en materia de relaciones laborales, cuyas multas oscilarán entre los 626 y 6.250 euros, en función del artículo 39, que hace referencia a la intencionalidad, juicio causado, número de trabajadores o existencia de requerimiento previo.


Para cualquier ampliación de información que deseen, sobre dicho tema, nos tienen, como siempre, a su disposición.

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